Cuando surge una crisis sanitaria con enfermos graves y fallecidos de por medio, todos los profesionales aprovechan para volverse reivindicativos ante las carencias de su situación laboral. En el caso de las intoxicaciones alimentarias y los brotes de legionelosis son habituales estas demandas. Me sorprenden las noticias periodísticas sobre lo que se aprende tras un brote, pues dejan mucho que desear. Y pueden resumirse diciendo que todo se arregla con mejores condiciones profesionales: aumento de plantillas de personal, más salario, mayor reconocimiento, y lo siguiente. Pocos se atreven a sumergirse en los problemas estructurales.
Las inspecciones en salud pública no cuentan con un reglamento general de inspección que unifique criterios de actuación y procedimentales (recordemos que la Inspección de Trabajo y Hacienda, sí que lo tienen). No hay un abordaje integral de todos los profesionales competentes en el ámbito de salud pública. Aún seguimos con la estructura heredada de los sanitarios locales procedente de la etapa predemocrática y todavía no se han incorporado a los servicios de salud pública las titulaciones del marco Bolonia: Tecnología de alimentos, Biotecnología, Biología sanitaria, Química, Ingenierías sanitarias, etc. Uno de los retos inmediatos de la Administración sanitaria debería ser su reforma organizativa conforme a los nuevos tiempos, y dejar de estar supeditado a los intereses de colectivos funcionariales y grupos de presión.
Es justo decir que la falta de profesionalización de los inspectores habilitados (pues no tienen nombramiento público de inspectores) no es lo que está detrás del control de empresas fraudulentas relacionadas con los brotes epidémicos. A mi juicio está involucrada la falta de profesionalidad de quienes montan un negocio sin una capacitación mínima adecuada y las insuficientes exigencias a la hora de otorgar una licencia de funcionamiento en industrias de riesgo.
Sin embargo, que los inspectores reivindiquen mejoras profesionales al socaire de un brote epidémico, no me parece la mejor forma de abordar las necesidades de una profesión. De esa manera se simplifican burdamente las carencias profesionales y el problema propiamente dicho (¿porqué ocurrió el brote? ¿porqué entró un agente patógeno en una industria y luego salió de ella con destino a los consumidores?). Es fácil caer en reduccionismos absurdos del tipo: si me reconocen como personal sanitario (vía nuevo MIR), aumentan las plantillas de inspectores y nos reconocen la carrera profesional, se hubiera actuado mejor e incluso no habría aparecido el brote. Que cada uno haga sus propias valoraciones. Se puede especular todo lo que se quiera.
Soy de los que piensa que mejorar la capacitación de un profesional siempre es bienvenida, pero a la vez hay que preguntarse ¿a qué coste? ¿Hay que implantar una nueva especialidad MIR para minimizar la tasa de incidencia de brotes alimentarios? ¿Tenemos que pagar todos los ciudadanos con nuestros impuestos una nueva formación MIR (cuando la actividad inspectora no demanda tales exigencias para funcionar correctamente)? Por ejemplo, en el caso de la Enfermería se implantó el EIR, y por supuesto, ahora todas reclaman mejoras retributivas a cuenta de la mayor exigencia de formación para ejercer profesionalmente. ¿Era tan necesaria tanta especialización para desempeñar adecuadamente los cuidados enfermeros esenciales, a costa del erario público?. Y no me refiero a determinadas especialidades de servicios asistenciales, donde la capacitación es más compleja y exigente. Las profesiones tienen potestad de autoregulación a través de sus Colegios profesionales, estableciendo requisitos muy exigentes para su ejercicio profesional que indudablemente ofrecerán mejores garantías, pero considero que ese precio inflado no lo tiene que pagar la ciudadanía. Alguien tiene que poner pies en pared y parar esta bola de nieve de superespecializaciones, hiper-regulaciones y sobrediagnósticos que inexorablemente conducen a aumentar más demanda, en muchos casos innecesaria. El Ministerio de Sanidad está trabajando en los criterios necesarios para crear una especialidad sanitaria, y que no dependa de los intereses del gobierno de turno, partidos políticos o de los propios sindicatos. A buenas horas mangas verdes!
En este contexto, es conveniente mirar a Europa, para conocer como se regulan determinadas profesiones sanitarias y comparar si en nuestro país se están haciendo concesiones inasumibles por cuestiones político-sindicales. En otras entradas señalamos la situación de España con respecto a la Genética, que lo sitúa en el único país europeo donde no está regulada como especialidad sanitaria. Detrás de esta decisión hay muchos intereses económicos, corporativos y de competencia interprofesional. Entretanto, los perjudicados son los propios profesionales y las garantías de este tipo de servicio a la población.
En este contexto, es conveniente mirar a Europa, para conocer como se regulan determinadas profesiones sanitarias y comparar si en nuestro país se están haciendo concesiones inasumibles por cuestiones político-sindicales. En otras entradas señalamos la situación de España con respecto a la Genética, que lo sitúa en el único país europeo donde no está regulada como especialidad sanitaria. Detrás de esta decisión hay muchos intereses económicos, corporativos y de competencia interprofesional. Entretanto, los perjudicados son los propios profesionales y las garantías de este tipo de servicio a la población.
En el caso de los servicios de salud pública ¿tenemos que integrar servicios de salud animal dentro de las prestaciones sanitarias de salud humana? En Europa no ocurre así, están diferenciados ¿Se consideran prestaciones sanitarias las actividades de control de una industria alimentaria? Pienso que no. Y en este sentido, el gobierno de Andalucía tiene que poner orden y reestructurar sus servicios de salud pública. Actualizar las titulaciones y profesiones competentes, reactivar la carrera profesional en sus diferentes categorías, reglamentar los servicios de salud pública (en lugar de haber creado múltiples unidades sin regulación y a la carta, donde cada año cambian las condiciones de trabajo), acuerdos para involucrar a las administraciones locales en el desarrollo de sus competencias sanitarias, entre otros aspectos. Quizás falte un liderazgo sólido y convincente en este sector profesional, tanta indecisión y falta compromiso para reforzar y consolidar los servicios de salud pública no beneficia a nadie.
