Un tema interesante para tratar a fondo es la aprobación de la estrategia ambiental y energética en el sistema sanitario público de Andalucía, que persigue gestionar tales aspectos en los centros asociados con la actividad sanitaria. Naturalmente no es lo mismo un hospital que un centro de salud. No hay duda de que en los hospitales hay materia para profundizar, sin embargo en un centro de salud existe poca sustancia, que justifique una inversión económica para controlar impactos ambientales que no derivan de su actividad productiva. Los centros de salud, por su propia actividad (no industrial, sino del sector terciario), no se encuentran incluidos por la legislación vigente en el listado de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental (ni tan siquiera de calificación), ni están considerados como actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera ni tampoco están sujetos al régimen de autorización de vertidos (están conectados a la red municipal de saneamiento), etc. Pese a que cualquier centro de trabajo es susceptible de mejora, el tratamiento no puede ser el mismo con respecto a una instalación potencialmente contaminante, especialmente en lo relativo a la prioridad y justificación de inversiones. Hay que separar el grano de la paja. Precisamente la situación socioeconómica que sufrimos, no parece justificar el desarrollo de un sistema de gestión ambiental para demostrar lo que no se tiene: no vertidos, no emisiones, no ruido....Los centros de salud están catalogados como pequeños productores de residuos (que son entregados a un gestor autorizado), y algunos tienen obligaciones derivadas de la prevención de legionelosis, y para de contar. Nadie cuestiona que cada cual debe tener una conducta básica respetuosa con el medio ambiente, y con las personas también (no nos olvidemos). Sin embargo aquí se produce una situación paradójica, donde se monta todo un guateque de empresas externas, para demostrar el cumplimiento de normas que mayoritariamente no les son de aplicación. Dado que los centros de salud no tienen la obligación legal de realizar mediciones de variables ambientales (de lo contrario ya estarían controlados por la administración competente), se busca donde no hay. Obviamente, las empresas certificadoras tienen sus intereses, y al carecer de materia prima para explotar, se invierte la carga de la prueba de forma que los centros pasan a ser presuntos incumplidores y se les exige maquiavélicamente que midan el ruido, las emisiones, calidad del agua municipal..., para demostrar que un centro de salud "no contamina", cuando la legislación les exime de estas obligaciones. En lugar de que la empresa certificadora aporte pruebas de que el centro está incumpliendo parámetros que debe corregir, se tiende a lo facilón y falta de profesionalidad, para beneplácito de las partes interesadas. Y aportar pruebas no puede consistir en que un centro demuestre su compromiso al margen de lo que la Ley no le obliga.
Luciano in memoriam. Nos recuerda en "Vesti la Giubba" que el espectáculo debe continuar
pese a la infidelidad sufrida por el protagonista que para colmo debe vestirse de payaso (Pagliacci).
Es como si llegásemos con retraso a la moda de los años 80 del siglo pasado, donde la legislación ambiental fue considerada un importante factor de competitividad de las empresas y organizaciones. Hoy las razones parecen ser otras, contrarrestar ante la sociedad y los profesionales, el deterioro de los servicios públicos y los recortes sufridos con un retrato ecológico friendly, intentando maquillarse para aparentar lo que no se tiene, ni lo que uno puede hacer. Se tiende a un cambio de forma pero no de fondo, creando una imagen deformada de lo ecológico y un uso engañoso de las políticas ambientales. A este respecto publicamos un artículo sobre la vulgarización de la Ecología en una de nuestras entradas más visitadas. Es cierto que las estrategias que nacen de la responsabilidad social corporativa, incluido lo ambiental, está sirviendo para crear nichos de mercado como forma de dinamizar la economía, pero por desgracia también hay fraudes. Una reputación corporativa no se logra a partir de publicidad engañosa. Un estudio de la consultora canadiense TerraChoice traducido como "Los pecados del engaño verde" explica el fenómeno del greenwashing, cada vez más extendido en empresas y organizaciones, que algunos autores lo han definido como una estrategia de marketing para vender más (imagen, estatus, economizar). Westerveld desveló que el interés en lavar menos toallas en los alojamientos turísticos, a cambio de que los clientes las reutilizarán, estaba motivado por el deseo de ahorrar costes, no por la preocupación hotelera en el medio ambiente. Las medidas (con bombo musical incluido) se transforman en la estrategia.
Cuando la economía va mal, hay que tirar de la profesionalidad (acreditaciones) y del medio ambiente (certificaciones). Amigas y amigos, lo verde vende, y donde hay negocio son capaces de inventar lo que sea con tal de certificar la precariedad. La nevera del centro, y no su fabricante, pasará a ser una importante contribuyente al cambio climático. Empezamos a notar el ahorro con un papel higiénico cada vez más traslúcido, de consecuencias ecológicas que tanto ustedes como yo, sabemos. Los incidentes laborales menores como por ejemplo, el derrame accidental de un envase de desinfectante es motivo de un plan de emergencia ambiental (¡toma ya! no basta una instrucción básica de seguridad en el trabajo), reinventando a conveniencia el concepto técnico y legal de emergencia (recordemos que únicamente están regulados los planes de autoprotección, y que las emergencias se refieren a situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad en las que peligra la vida de las personas). Hay que rellenar el mollete. Se obvian los procesos y ciclos de vida, hasta el punto de que puedes estar empleando productos reutilizables basados en una industria contaminante. Bienvenidas sean las técnicas de mercado para intentar proteger nuestro entorno; y no te extrañe que llegue el momento en que los hospitales compren derechos de emisión a los centros de salud.
Los que me conocéis sabéis que podremos ser todo lo ambiciosos que queramos con el "respeto al medio ambiente", pero sin cicatería ni haciendo un uso sensacionalista de los conceptos. Las certificaciones ambientales en lugares de trabajo donde la actividad principal es el consumo de escasos recursos, tienen poco recorrido aunque hay quien lo considere una prioridad de negocio (auditores, certificadores, agencias de calidad, políticos...). Expertos internacionales han puesto en entredicho el potencial de los sistemas de gestión para reducir impactos ambientales. Otras investigaciones han revelado que son instrumentos inadecuados para mejorar la sostenibilidad y no miden la actuación ambiental de las organizaciones. El coste de implantar estos sistemas no está asociado con retornos económicos positivos y su evidencia de beneficio es poco clara (leer aquí). El problema es que no debería hacerse a costa del erario público, puesto que en situaciones de precariedad, se tienen unas prioridades más perentorias que certificar a centros de salud (ni tan siquiera en su perfil simbólico), donde el personal, los medios y recursos escasean por doquier. La inversión tendrá que dirigirse hacia las medidas estructurales necesarias para mejorar las condiciones de los centros, y no es momento para que venga una empresa externa a validar cumplimientos irrisorios.
Los que me conocéis sabéis que podremos ser todo lo ambiciosos que queramos con el "respeto al medio ambiente", pero sin cicatería ni haciendo un uso sensacionalista de los conceptos. Las certificaciones ambientales en lugares de trabajo donde la actividad principal es el consumo de escasos recursos, tienen poco recorrido aunque hay quien lo considere una prioridad de negocio (auditores, certificadores, agencias de calidad, políticos...). Expertos internacionales han puesto en entredicho el potencial de los sistemas de gestión para reducir impactos ambientales. Otras investigaciones han revelado que son instrumentos inadecuados para mejorar la sostenibilidad y no miden la actuación ambiental de las organizaciones. El coste de implantar estos sistemas no está asociado con retornos económicos positivos y su evidencia de beneficio es poco clara (leer aquí). El problema es que no debería hacerse a costa del erario público, puesto que en situaciones de precariedad, se tienen unas prioridades más perentorias que certificar a centros de salud (ni tan siquiera en su perfil simbólico), donde el personal, los medios y recursos escasean por doquier. La inversión tendrá que dirigirse hacia las medidas estructurales necesarias para mejorar las condiciones de los centros, y no es momento para que venga una empresa externa a validar cumplimientos irrisorios.
