miércoles, 31 de julio de 2019

Denuncias disimuladas en Salud Pública (y II)

   Continuamos con una entrada anterior, donde sacábamos a relucir los equilibrios ocultos que mueven la relación Políticos-Administración, poniendo algo de pimienta en este post con un conjunto de casos del pasado, para que el lector se haga una idea de la tramoya que funciona detrás del gran teatro de lo público.

Tenemos gobernantes que siguen con la boina acicalada.

1. Piscina con múltiples fugas de agua. Y os preguntareis lo que tiene de particular algo tan habitual (defectos en la construcción) en este tipo de instalaciones. Pues que la piscina formaba parte de un proyecto residencial de lujo y el promotor quería su Licencia rapidita, sin objeciones. No era un defecto irresoluble, pero sabemos que quien compra una vivienda, ya conoce lo que es que le entreguen sus instalaciones con vicios ocultos, y cómo actúa el promotor una vez concedida la Licencia. Sin ir más lejos, en mi propia Urbanización hemos tardado 10 años en que nos indemnicen, tras largos y costosos pleitos. El informe del técnico reflejaba esta infracción (fallos graves de impermeabilidad del vaso y funcionamiento anómalo del circuito de depuración). No eran hilillos de agua ni de plastilina, sino verdaderos caños de agua por tres puntos, que en determinadas condiciones podían propiciar fenómenos de succión (de bañistas) por anomalías en la presión y velocidad de recirculación. El informe sanitario está previsto para el proyecto de construcción, pero en este caso no se entregaba el proyecto al profesional que lo valora, haciendo caso omiso al trámite reglamentado. Y al momento de emitirse el informe desfavorable (el mismo día de conocerse) sobre la base de una visita pero sin disponer de los datos técnicos, automáticamente se iniciaron las presiones de la autoridad sanitaria para resolver en favor del empresario, hostigando al profesional por vía de la Gerencia (con los modales propios de la cabra de la Legión) para que cambiara el sentido de su dictamen, y de lo contrario, pues acudían a otro técnico afecto al régimen quien transformaba -a su libre arbitrio- una infracción en una incidencia sin repercusión sanitaria, pese a tratarse de una exigencia reglamentada. Este empresario tuvo suerte, otros tuvieron que hacer cola.  

2. Aguas de consumo de un Hotel sin tratamiento desinfectante. La legislación sanitaria española obliga a desinfectar las aguas de consumo humano mediante la instalación de sistemas de cloración. Es sabido que el consumidor suele ser refractario al sabor del agua a cloro, hasta el punto de que las aguas sin ese sabor suele servir como reclamo de calidad, aunque a costa de las garantías sanitarias. Con motivo del trámite de licencia municipal de apertura de un Hotel rural, se nos participó la emisión de un informe sanitario, donde exigimos la dotación de un clorador para asegurar un abastecimiento sanitariamente seguro de las aguas suministradas en los diferentes servicios del hotel (cocinas, fuentes, agua caliente sanitaria...). Sorpresivamente, la propia autoridad sanitaria se interesó personalmente en conocer las razones por las que se exigía clorar las aguas de una captación localizada en plena sierra montañosa. Se explicó por activa y pasiva que las normas sobre legionelosis, aguas de consumo y alojamientos turísticos recogen explícitamente la obligatoriedad de clorar el agua. No había debate, pues ni siquiera era un nuevo requisito fruto de un cambio normativo. En lugar de que la autoridad sanitaria hiciera labores pedagógicas ante la dirección hotelera sobre la necesidad de desinfectar sus aguas, respaldando al funcionario, su papel era tibio cuando no desleal. ¿Qué narices hace un Delegado de Salud interesándose por un clorador de un Hotel?....lo que la verdad esconde.

3. Vertido de purines a un arroyo en zona agraria. La competencia en materia de dominio público hidráulico reside en el Organismo de Cuenca, dependiente de los Departamentos de Medio Ambiente, que tienen la competencia sobre el medio natural. Por su parte, las Departamentos de Salud no tienen la competencia sobre la gestión, vigilancia y control de las aguas superficiales y subterráneas. En su lugar, desde Sanidad se vigilan los abastecimientos de agua para consumo humano de la población. No interviene para litigios entre particulares. Sólo en el caso de estar comprometida la salud de la población debido a la contaminación de una captación o sondeo practicado en un arroyo, Sanidad tiene capacidad para intervenir por infracciones en materia de salud pública. No era el caso, porque estábamos en zona agrícola, no había sondeos en el arroyo y tampoco núcleos de población cercanos al foco contaminante, que pudieran verse afectados por los posibles efectos desencadenados por el vertido (ej. malos olores o proliferación de vectores nocivos). Es uno de los casos en los que, pese a existir un vertido ilegal, en lugar de participar al Organismo de Cuenca que es lo lógico y normal, se busca utilizar la salud pública como coartada, o bien como estrategia judicial por un litigio entre particulares. Los responsables de Salud no derivaron al denunciante al Organismo de Cuenca, sino que quisieron darle cobertura a sabiendas de que no había materia, aventurando a los funcionarios de su propio departamento. 

4. Intoxicación por percloroetileno en el ámbito laboral. Se trataba de una empresa textil donde un pequeño grupo de trabajadoras tuvieron problemas de salud por exposición a un químico empleado para el tratamiento de los tejidos. Todo un culebrón con tintes de guerra política. El propietario o accionista mayoritario de la empresa era el alcalde del pueblo. Y vieron la oportunidad para inmiscuirse (pringando a los demás, claro) en las competencias de salud ocupacional (dependientes de Trabajo e Industria, no de Sanidad), con tal de caldear el ambiente laboral (era una de las empresas con más empleados de un pueblo con 6.000 hab). Lo sacaron en prensa, con tal de sacar rédito político.

    Estimados lectores, así funciona la política entre bambalinas, sin pudor alguno con los funcionarios ni un mínimo de respeto a los servicios públicos. Al principio te sorprende de que cualquier trámite (sea de un particular, empresa, asociación...) tenga tanto de trasfondo político. Luego te acostumbras a ver que es lo habitual. Cuando aprendes la lección y a saber defenderte un poco, te apartan del trámite y vuelven a elegir a un novato o a alguien con aspiraciones (a plaza fija, destino goloso, carguito) y de los suyos. Al final acabas asqueado, y siempre cuidando que no te salpique. Aunque esto es bien difícil, sabiendo que los funcionarios son utilizados como escuderos de los de más arriba.