Denuncias disimuladas en Salud Pública

    He tenido que bregar con múltiples reclamaciones relativas a cuestiones ambientales que podrían generar efectos nocivos en la salud colectiva, o cuando menos, propiciar el malestar y preocupación de las personas expuestas. No es un descubrimiento decir que, en un gran número de casos, siempre he sospechado que se instrumentalizaba la salud pública para otros propósitos ajenos a la protección de las personas. Se daban un conjunto de elementos interrelacionados que soportaban tales sospechas, no sólo hacia los denunciantes sino hacia la propia Administración. Entre los más conocidos se pueden citar la filiación del denunciante (asociaciones de clara tendencia ideológica), empresarios "amigos" interesados en promocionarse o bien debilitar a la competencia, vecinos históricamente enemistados, centros públicos interesados en captar financiación para sus investigaciones, y la filiación política  de los gestores sanitarios (ya sea como militantes o como simpatizantes de cuota; curiosamente estos últimos sostienen que pagar cuota no es estar vinculado al partido, pues no militan ¡que risa, María Luisa!).
   Básicamente, la estrategia común consistía en registrar un escrito en sede administrativa para sacar a la luz pública un problema de gran resonancia y preocupación social. A la vez, unos se ofrecen para decir lo bien que lo hace su empresa, y que se multen a otras; otros para decir que su grupo de investigación puede contribuir a dar soluciones (previa dotación económica, claro);  presionar para agilizar licencias para proyectos de interés público (y político, nunca mejor dicho). Finalmente, afloran la posverdad, y pelillos a la mar.

Aún seguimos con el modelo de políticos desafiantes reflejado
magistralmente en la película All the King's Men (Robert Rossen)

Aquí os muestro unos cuantos casos reales, junto a algunas reflexiones:

1. Casos aislados de polinosis (alergias por polen floral) atribuidos a un seto de cipreses en un municipio rural malagueño. Está reconocido que el polen de las cupresáceas es un alérgeno muy frecuente (también los de oleaginosas, parietarias...), pese a ello, la Comisión Europea no lo considera un contaminante ambiental, por su origen natural. Y esta consideración hace que los grupos de investigación de este ámbito tengan fuentes de financiación muy limitadas, a la vez que su participación en los programas públicos no sea la deseada (dejémoslo así). La sanidad pública cuenta con unidades hospitalarias de alergias para tratar y aconsejar a este tipo de pacientes, pero no puede evitar que un alérgico tenga contacto con el polen atmosférico. En un esfuerzo imaginativo se sugería una gestión innovadora de la flora ornamental, seleccionada en términos saludables, no exclusivamente por su facilidad de conservación y mantenimiento, aunque eso es una competencia municipal y pensada para civilizaciones avanzadas.

2. Campo de golf proyectado justamente encima del acuífero que abastece de agua potable a un municipio de 20.000 habitantes. Sabemos que este tipo de proyectos esconde un entusiasmo urbanizador ilimitado, donde se compromete no sólo la disponibilidad de los recursos hídricos sino también la calidad de los mismos. Aquí la sospecha recaía en la propia Administración pues se solicitaba con prisas un informe en un contexto poco transparente a sabiendas de que la polémica estaba servida. Nunca antes se nos había participado intervenir en evaluaciones de impacto ambiental (ni porque esa fuera la primera), y en este caso, se estrenaron de sopetón. Por aquél entonces no estaban reguladas las fases de Screening y Scoping (decidir si hay o no que acudir a una EIA, y posterior valoración de impactos), el informe sanitario no estaba indicado ni regulado para este trámite, y daban por supuesta la viabilidad del proyecto. A su vez, no daban opción a que los profesionales se pronunciasen sobre la inviabilidad, sino que se peticionaba valorar impactos previsibles, camuflada como "información previa", sorprendentemente sin aportar la documentación del (ante)proyecto. Además se nos ocultaron páginas que estaban numeradas, con la excusa de que se habían recibido así (¿y porqué no pidieron subsanar errores?). Aún admitiendo que la Administración pueda recabar informes en cualquier momento, no debe hacerlo instrumentalizando a los profesionales ideando trámites ad hoc en el procedimiento para este caso en concreto (y no  para otros equivalentes de otros municipios). Es cierto que al final se paralizó el proyecto, pero antes se montó la gorda. El promotor tenía contactos al máximo nivel (de los inconfesables) y en parte recuerda a la polémica surgida con el proyecto de rascacielos en el espigón del puerto de Málaga, donde todos estamos abrumados por la velocidad de crucero con la que PP-PSOE (esta vez tocan juntos las maracas) quieren resolver en favor de un grupo inversor Qatarí, marginando a los profesionales independientes y derivando la participación ciudadana hacia los tribunales de justicia.

PP-PSOE tocan juntos las maracas cuando les viene de lujo

3. Casos de cáncer en una barriada malagueña. Suele ser una demanda habitual entre la ciudadanía, generalmente relacionada con la presencia de líneas de alta tensión, antenas de telefonía móvil y otro tipo de actividades industriales. Hasta aquí puede tener su lógica, lo curioso de esta situación es cuando no se dispone de dato alguno de identificación de los presuntos afectados, de los tipos de cáncer, ni de la localización de la instalación o fuente sospechosa. Existen más de 100 tipos de cáncer, su origen es complejo y suele ser multifactorial. Y la propia autoridad sanitaria demanda una investigación (paradójicamente no epidemiológica, que es la que orienta sobre las demás) a sabiendas de que los estudios de estas características son a medio-largo plazo, y que los mismos no pueden probar que un comportamiento o una sustancia causan cáncer. Menos aún sin un conjunto mínimo de datos (y en su caso, autorización de acceso) que permita iniciar una investigación del tipo que sea (epidemiológica, clínica, etiológica, ambiental).

4. Tratamiento para garantizar el suministro de agua sanitariamente seguro a pequeños núcleos de población. Esta ha sido una de las grandes batallas en sanidad ambiental: el que los municipios desinfecten (básicamente por cloración) las aguas que suministran a la población, tal y como exige la legislación sanitaria. Este asunto es muy llamativo porque aunque las piscinas públicas de los municipios contaban con sistemas automáticos de cloración, por el contrario, el abastecimiento general del municipio se realizaba generalmente de forma manual e irregular, en condiciones artesanas, generando problemas en el control de la contaminación microbiana del agua. Se le daba más importancia a la piscina del pueblo, que al propio consumo domiciliario del agua. Nos costó más de 10 años que se implicaran alcaldes y autoridad sanitaria para instalar un dosificador automático de hipoclorito que, en mercado, estaba tasado en unos 200-300 euros. Como habréis podido deducir, no se trataba de un problema económico. Detrás se escondía el rechazo al sabor a cloro del agua de consumo, que los políticos consideraban una medida impopular. Lo preocupante es que la autoridad sanitaria se prestara al juego, y que nos costará tanto tiempo el despegarlos de la bartola. Recuerdo que previamente se registró en el parlamento de Andalucía una petición relacionada con este asunto, y quizás, eso removió sus conciencias.

A veces te tocan las pelotas con fruición y desenfreno

Sigo preguntándome por los motivos por los que no se fijan unos requisitos mínimos para admitir a trámite estas denuncias. Generalmente, una gran parte de las mismas se registran mediante folio simple con un contenido insignificante, y pese a las evidentes limitaciones, la propia autoridad sanitaria demandaba informes sin tener unas condiciones mínimas para poder ser elaborados (Ver una entrada anterior) Y son conscientes de ello.