Vamos a tocar un tema poco tratado en los medios de comunicación, al menos de forma directa, como es el uso fraudulento del método científico y su conexión con las decisiones políticas y gerenciales.
Para discutir un tema en los foros profesionales, no hay que tener un conocimiento enciclopédico (ahí están Popper, Feyerabend, Gardner, Russell...) pero sí, al menos, unas nociones básicas para no falsear la información, evitando trivializar el conocimiento sobre las cuestiones que afectan a todos. Hemos escuchado montones de veces la expresión "no hay suficiente evidencia científica" en temas de salud pública, refriéndose a la relación entre cáncer y radiaciones no ionizantes (telefonía móvil, líneas de alta tensión, campos electromagnéticos en lugares de trabajo...), incluso hasta el punto de que la Administración pública exige a sus profesionales evidencias científicas en sus intervenciones en el ámbito de los programas de salud. Me consta que en el sector sanitario, la consideración de la evidencia científica en la práctica clínica se ha percibido como un instrumento de control político, una manera de coartar la autonomía en las decisiones profesionales y de injerencia institucional, a través de documentos y guías, que igualmente son discutibles. Es decir, implantar una guía por la que se deben regir los profesionales, puede ser un recurso al servicio de los profesionales pero no una imposición. Una guía basada en evidencias no equivale a una verdad indiscutible.
Recuerdo algún compañero médico que me comentaba (respetaba que los biólogos estamos familiarizados con la metodología científica) que le enviaban un paper sobre un determinado tratamiento de salud, como prueba de evidencia científica. Y claro, a partir de ahí empieza la perplejidad, no sólo por la forma de comunicar, sino también por el procedimiento elegido, quién/es seleccionaron la "prueba", método de selección, criterios de evidencia (que en algunos casos se limitan al tamaño muestral y la aleatoriedad), intereses de la relación editorial-entidad financiadora de la investigación, etc. Es como si quieren convertir al profesional en un mero receptor de evidencias seleccionadas por otros, sin que pueda rechazar lo que pueda resultar sospechoso o poco fundamentado.
El uso de la evidencia científica como estrategia de poder, hace sentir a los profesionales como meras marionetas
El caso es que cuando un profesional no basa sus intervenciones en la evidencia científica se les hace sentir como culpables de algo. También hay profesionales que han tocado techo con su título universitario, y se aferran a su grado académico como el que ha entrado en el templo de la sabiduría. Ni calvo, ni con tres pelucas. Pero, ¿tenemos una idea clara de lo que es una evidencia científica, existen evidencias para todo, o simplemente nos quieren limitar nuestra forma de trabajar?. Me temo que una definición no resuelve nada. En la Administración pública, dirigida por políticos, no existen departamentos especializados en evidencia científica (entiéndase la ironía), y el profesional tiende a desconfiar de quién y cómo se seleccionan las evidencias, y si éstas son cerradas. Se puede fundamentar muy bien -técnica y bibliográficamente- la actuación ante un problema, pero eso no lo convierte en evidencia.
De entrada debemos decir que la expresión "no hay evidencia científica sobre tal asunto" es una frase inacabada, y a veces con fines manipuladores. Me explicaré, conforme al método científico (que es el mismo para todos) el que no haya evidencia de asociación entre una enfermedad y la exposición a un factor de riesgo, no quiere decir que no sea cierto en determinadas condiciones. Es más pedagógico y acertado decir, que no se han encontrado evidencias de lo uno ni de lo contrario. Por ejemplo, no hay suficiente evidencia de que la exposición a determinados campos electromagnéticos no provoque daños en la salud pero tampoco de que sean completamente inocuos. El conocimiento que tenemos en un determinado momento no llega a inclinar la balanza hacia un lado u otro. Parafraseando a Carl Sagan, la falta de prueba no es prueba de ausencia (dicho sea de paso, evidencia no es sinónimo de prueba ni de hallazgos).
Esto nos lleva a asumir la complejidad del mundo real en las decisiones profesionales y a tener que convivir con la incertidumbre más de lo que uno desearía. En Salud Ambiental por la propia naturaleza de los factores ambientales es difícil tener certezas, por mucha cantidad de información práctica que dispongamos. Ahora bien, la incertidumbre no tiene que conducir a la inacción, ni puede ser pretexto para la simplificación, exageración o su desatención por intereses políticos. Los políticos pueden recabar asesoramiento técnico que le ayuden a tomar decisiones, pero no escudarse para no actuar, pensando en los costes económicos o en medidas impopulares. Aunque no tengamos certezas, hay que actuar, lo mejor posible.
Los políticos tienen que tomar sus propias decisiones y no copiar-pegar la de los técnicos.
Aún recuerdo un caso donde elaboré un informe sobre la conocida popularmente como "fábrica del peste" que tenía a todo un pueblo en condiciones bochornosas. Es decir, no era un problema de "nariz de oro" para comprobar el nivel de molestia ambiental, sino que el ambiente irrespirable era incuestionable para todos. En resumen, la industria se dedicaba al tratamiento de MER (materiales específicos de riesgo) procedentes de la industria cárnica y ganadera, generaba emisiones atmosféricas ajustadas a los parámetros legales, pero provocaban un hedor insoportable. En España no hay regulación (en otros países, sí) del nivel de emisión/inmisión de los compuestos que producen el mal olor (métodos, índices y niveles inadmisibles), y claro, si la industria no incumple las autorizaciones, pero hace mucho peste, ¿cómo tomar una decisión favorable a todos?. Se consultaron fuentes jurídicas que recomendaron abordar el asunto desde el punto de vista de la intromisión en la vida privada (pues se impide conciliar la vida a todos los habitantes del municipio dentro de sus casas), por daños morales (atentar contra la dignidad personal por tener que soportar unas condiciones inaceptables), y otros más. Bueno, al final, se solucionó lo del peste. No diremos cómo, por si le dedicamos una entrada en el blog.
Tiene algo en común, con el bloom de microalgas (Trichodesmium sp) que está afectando a algunas playas populares de Tenerife, donde los informes técnicos (estaban disponibles en la redes sociales casi al momento) del Banco Español de Algas han dicho una cosa y los políticos del gobierno la contraria. Como era de esperar, los políticos dijeron lo de "no hay evidencia científica" para calmar los ánimos. El caso es que a este tipo de proliferaciones de algas en nuestras playas, no se les ha dado mucha importancia, y eso no va a impedir que haya trascendido a los medios de comunicación internacionales (The Guardian, The Daily Mail, The Sun, en Francia, Bélgica, incluso ha cruzado el charco a EE.UU., Brasil, con consecuencias para el turismo español de difícil evaluación). Es comprensible que prohibir el baño en unas playas tiene un impacto muy importante (cancelación de vacaciones, menor afluencia turística, sensación de inseguridad, reclamaciones, imagen internacional, etc) pero lo que no se puede es tomar decisiones ridículas, donde la gente entienda que pueda bañarse sin problema, esquivando una masa de microalgas que puede provocar daños aunque sea a una pequeña parte de los bañistas y usuarios. Alguna vez tendrán que dejar la ambigüedad y la improvisación a un lado.
