Todos estamos expuestos a factores ambientales que condicionan nuestra salud. Los gobiernos aprueban leyes y reglamentos para proteger la seguridad y salud de la población frente a riesgos ambientales. Cada departamento de la Administración pública tiene unas competencias diferenciadas. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo es el competente en materia prevención de riesgos laborales. De manera que las condiciones ambientales en lugares de trabajo dentro de los edificios, es competencia de los servicios de prevención de riesgos laborales, y no del departamento de medio ambiente. Asimismo, el Ministerio de Medioambiente no regula los aspectos sanitarios de las instalaciones de los edificios, ni el Ministerio de Sanidad regula la calidad del medio ambiente atmosférico, sino que lo hace el primero. Así las cosas, los funcionarios del departamento de salud, se limitan a sus competencias, y no les corresponde valorar la adecuación de las normas de industria, de seguridad, de edificación, etc, porque no les son propias. Cada uno en lo suyo. Hasta aquí, todo parece obvio.
Dentro de la administración sanitaria, se localizan los servicios de sanidad ambiental, que igualmente se limitan al ámbito de competencias de su departamento de pertenencia, y por el mero hecho de portar la etiqueta "ambiental" no convierte a sus funcionarios en pluricompetentes, al contrario, deben abstenerse de asesorar en aspectos "no sanitarios", esto es, a los que no están vinculados orgánica y funcionalmente. Simplificando, la sanidad ambiental no se encarga de los efectos sobre el medio ambiente, sino de los efectos sobre la salud pública. El control del cumplimiento de las normas emanadas del Ministerio de Medioambiente (energía, calidad del aire interior, ruido, saneamiento, vertidos, etc) no incumben al de Sanidad, o sea, no son normas sanitarias. Si el servicio de salud ambiental no tiene entre su sector material de actuación, la vigilancia y control de la contaminación atmosférica, el consumo energético, ni la autorización de vertidos, será por algo. Cuestión aparte es que los titulares de una instalación deban dar cuenta del cumplimiento de todas las normas que le sean exigibles legalmente, procedan de un departamento u otro. Pero eso no hace que los técnicos de sanidad ambiental sean asesores en materia de las normas dictadas por las demás administraciones públicas, en su lugar se limitan a las sanitarias.
Llegados a este punto, cabe preguntarse porqué hay quien no lo ve claro. O no quieren verlo, ni mirarlo. A mi juicio, el ahínco por enredar lo que es obvio, se debe a intereses variopintos. En unos casos, se quieren ahorrar costes de personal, instrumentalizando a profesionales con carrera acreditada para transformarlos en categorías burocráticas para usos múltiples o afines a los intereses de determinados directivos-políticos, en lugar de contratar al profesional competente o bien crear una nueva categoría laboral generalista. Y para ello, sibilinamente, empiezan a instalar impostadamente la expresión "el de medio ambiente". No vamos a entrar en el desdén con que se emplea. Pero sí proclamar, que un técnico de sanidad ambiental no es técnico de medio ambiente ni es técnico de salud laboral, y no es que nos solivianten por tener que estar continuamente aclarando nuestra identidad, el trasfondo manipulador es lo preocupante. Más aún, en época de recortes, donde la imaginación de los dirigentes se torna gloriosa. Otras veces agrupan virtualmente a categorías funcionariales con distintos requisitos de acceso, retribuciones y funciones, bajo la denominación "los técnicos", pretendiendo dar a entender que todos hacemos de todo, y todos valemos para todo, olvidando que en la administración pública no está previsto que dos cuerpos diferentes de funcionarios desempeñen indistintamente las mismas funciones,y que cada uno tiene su propia denominación.
Con frecuencia, el uso grosero del lenguaje no se circunscribe a las categorías profesionales, también se manosean conceptos como "gestión ambiental", "prevención ambiental" "impacto ambiental" a base de brocha muy gorda. Y eso que, por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental tienen un amplio desarrollo legislativo para salir de dudas sobre a quién y cómo se aplica. Incluso los planes de autoprotección los renombran como "de emergencias ambientales". Todo, menos llamar a las cosas por su nombre. Otro ejemplo, si la prevención de riesgos laborales cubre -entre otras- las condiciones ambientales de lugares de trabajo, hay quien le añade el correspondiente adjetivo y, tachín, tachán, ya tenemos nuevas competencias: "prevención ambiental de riesgos laborales", o más enrevesado aún, si la iso 14001 se refiere al "sistema de gestión ambiental", lo transformamos en "gestión sanitario ambiental"... y a comerse los mocos. El término gestión como comodín y cajón de sastre para todo. Ni que decir tiene, el daño que provocan con todo este despropósito, en las carreras profesionales de los funcionarios honestos con sus convicciones, dejándolos expuestos a continuas confusiones y pérdida de identidad, teniendo que luchar por un espacio reconocible en los servicios públicos.
Lo que se sacan de la chistera no está consensuado
El criterio economicista no es el único que se esconde detrás del lenguaje ramplón y de las medidas autoorganizativas (sin soporte legal) a la que nos quieren acostumbrar. Otras veces debemos dirigir la mirada hacia el mismísimo sector académico, que en su afán por acaparar y captar clientes, crean perfiles profesionales directamente en su oferta de titulaciones. Es comprensible que quieran vender su producto (formación posgrado) pero no debería ser a costa de inducir a la confusión de los futuribles profesionales. El problema viene luego, cuando cada profesional (ingeniero, higienista, prevencionista, técnico de salud, inspector,...) reivindica su competencia.
Algunos profesionales deben despertar de su particular día de la marmota en Punxsutawney
A mayor detalle, podemos identificar categorías de farmacéuticos realizando el mismo trabajo, que un técnico de grado medio de función administrativa. Todo un dislate. Paradójicamente, hay que decir que también hay profesionales que tienen el esfínter muy dócil, arrimándose al "poder" transitan con todo por tal de disfrutar de las prerrogativas de los encargos (abono de auditorías, destinos, complementos ad hoc,...) a costa de abandonar las funciones esenciales de su categoría profesional. Se sienten libremente capacitados para lo ajeno, y a los de arriba sólo les preocupan los papeles que respondan a sus objetivos, a los suyos. Pocas cosas quedan que sorprendan en el mundo laboral.
